Juventudes de COAG-A pide aumentar el presupuesto para atender las solicitudes de primera instalación de 2016

Esta Federación critica la mala gestión de la documentación y el retraso en la resolución, que impide a los jóvenes acceder a la Reserva Nacional y llena de incertidumbre su proceso de modernización.

La Federación de Juventudes Agrarias de COAG Andalucía pide que se incremente el presupuesto destinado a las ayudas de incorporación de jóvenes a la actividad agraria, para poder atender a todas las solicitudes de la convocatoria 2016 que cumplen los requisitos.

El coordinador de Juventudes de COAG Andalucía, Antonio Jesús Flores, ha recordado que el relevo generacional debe ser una prioridad para el gobierno andaluz, porque “hay más de 82.000 titulares de explotación andaluces que tienen más de 65 años, mientras sólo el 9,4% tiene menos de 40”.

El representante de la Federación ha reiterado el malestar de los jóvenes por los retrasos en los pagos. En este sentido, ha criticado la mala gestión realizada por las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) al retener demasiado tiempo la documentación de los jóvenes solicitantes, ralentizando así el proceso de pago. Además,  Flores ha recordado que al no haber resolución definitiva de la convocatoria antes del 15 de mayo, los jóvenes ya no pueden pedir derechos a la Reserva Nacional, lo que provoca una pérdida de fondos para Andalucía. 

El retraso en la resolución es más incomprensible aún si tenemos en cuenta que ya se han resuelto las ayudas de modernización, muchos de cuyos solicitantes son también jóvenes que van a incorporarse a la actividad. Se abre para ellos una gran incertidumbre, ante la necesidad de cumplir los compromisos de modernización sin saber si van a recibir la ayuda de primera instalación y sin incumplir ninguno de sus plazos o requisitos. Por ello, Juventudes Agrarias de COAG Andalucía pide mayor coordinación entre los servicios competentes. 

La Federación también exige que se mejore la información que reciben los jóvenes, y recuerda que existía el compromiso de entregar un manual con los derechos y deberes  de los beneficiarios de ayudas de primera instalación, sin que dicho documento haya llegado aún a los destinatarios.